El crecimiento acelerado del sector Fintech y de los servicios de recaudación digital en el Perú ha traído consigo una fiscalización mucho más rigurosa por parte de las autoridades reguladoras. El reciente procedimiento sancionador del Indecopi contra Western Union marca un precedente clave sobre las exigencias de transparencia y calidad que el Estado impone a las plataformas que gestionan transferencias, remesas y transacciones financieras. 

Para las empresas del ecosistema Fintech, este caso no es solo una noticia aislada, sino una advertencia regulatoria de los errores operativos que pueden costar millones en multas y destruir la confianza del usuario. 

Los tres pilares de riesgo identificados por Indecopi 

Al analizar las causales detrás de la sanción a este gigante de las remesas, se identifican tres frentes normativos donde las Fintech suelen mostrar vulnerabilidades: 

1. Falta de transparencia en comisiones y tipo de cambio: La normativa peruana exige que todo cargo, tarifa o variación en la conversión de divisas sea informado de manera previa, expresa y comprensible. Aplicar cobros «sorpresa» o no reflejar de forma exacta los costos transaccionales en la interfaz de usuario vulnera el derecho a la información del consumidor. 
2. Deficiencias en la idoneidad del servicio (Fallas de sistema): En el entorno digital, la idoneidad se mide en estabilidad y oportunidad. Si los fondos no se reflejan a tiempo, el sistema experimenta caídas constantes o se imponen trabas injustificadas para que el usuario acceda a su dinero, Indecopi lo califica como un incumplimiento del servicio contratado. 
3. Gestión deficiente de reclamos: No responder los reclamos de los usuarios o emitir respuestas fuera del plazo legal estipulado para el Libro de Reclamaciones agrava automáticamente cualquier sanción administrativa, elevando la calificación de la infracción a grave o muy grave. 

¿Qué debe tener en cuenta tu Fintech para evitar sanciones? 

Para mitigar riesgos ante una eventual fiscalización o denuncia, las plataformas de servicios financieros y tecnológicos deben estructurar un blindaje preventivo basado en tres acciones: 

• Auditoría de interfaz y términos (T&C): Validar que las pantallas de pago e informativas muestren el costo final real de la transacción de forma desagregada antes de que el usuario confirme la operación. 
• Protocolos de contingencia tecnológica: Contar con un soporte legal y técnico claro que regule los mecanismos de compensación u optimización cuando existan retrasos involuntarios en las transferencias de fondos. 
• Monitoreo estricto del Libro de Reclamaciones: Implementar alertas automatizadas para asegurar que ninguna disconformidad supere los plazos legales de respuesta obligatoria. 

En AC Alarcón Abogados nos encargamos del diseño e implementación de matrices de cumplimiento normativo (compliance), auditorías preventivas de términos y condiciones, y la defensa especializada en procedimientos sancionadores ante el Indecopi, garantizando la seguridad jurídica y la continuidad de tu modelo de negocio tecnológico. Contáctanos hoy. 

Fuentes: 

• Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor): Artículos sobre el Deber de Idoneidad (brindar el servicio tal como se ofreció) y el Deber de Información (prohibición de cargos o comisiones sorpresa). 
• Directiva del Libro de Reclamaciones (Indecopi): Regulación que obliga a responder formalmente las disconformidades dentro de los plazos perentorios dictados por la ley. 
• Resoluciones de la Sala de Protección al Consumidor (Indecopi)