La reciente sanción impuesta por Indecopi a una empresa peruana por la importación de peluches de Pokémon sin licencia ha encendido las alarmas en el sector comercial. Con una multa que asciende a 37.86 UIT (aproximadamente S/ 202,000), este caso subraya una realidad ineludible: la defensa de la propiedad intelectual es un ejercicio legítimo y necesario para proteger a titulares de obras, como en este caso Nintendo.
Sin embargo, más allá del cumplimiento de la norma, surge un debate jurídico fundamental: ¿Son todas las multas proporcionales?
El control judicial: Un freno a la arbitrariedad
Aunque la administración tiene la potestad de sancionar, este poder no es absoluto. El ejercicio de la autoridad exige no solo legalidad, sino también proporcionalidad y razonabilidad.
Un antecedente clave lo encontramos en el Expediente N.º 1126-2023 de la Corte Superior de Justicia de Lima. En dicho caso, la Quinta Sala Especializada declaró nula una sanción de Indecopi tras determinar que la institución aplicó de forma «mecánica» las fórmulas de cálculo (Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM), omitiendo el análisis de las circunstancias específicas del infractor.
¿Qué debe evaluar una sanción justa?
Este precedente reafirma que, si bien las multas deben existir para desincentivar la vulneración de derechos, su cuantificación debe respetar el artículo 248.3 del TUO de la Ley N.º 27444. Para evitar sanciones desproporcionadas, se deben ponderar factores como:
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El beneficio ilícito obtenido por la infracción.
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La gravedad del daño efectivamente causado.
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La realidad económica y el contexto del infractor.
Conclusión
La protección de la Propiedad Intelectual (PI) fortalece el mercado, pero su eficacia depende de un equilibrio justo. Una graduación proporcional de las multas no solo garantiza el debido proceso, sino que brinda seguridad jurídica a las empresas, asegurando que la sanción cumpla su fin correctivo sin comprometer la viabilidad de la organización de manera injustificada.
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